El juego online ha experimentado un auge considerable en Chile, especialmente desde la pandemia, cuando las restricciones impuestas a los casinos físicos provocaron un aumento en el uso de plataformas digitales.
A poco de que se cumplan seis meses desde que la Comisión de Economía del Senado aprobase el proyecto ley que regulará en Chile el sector del juego online, la incertidumbre crece dentro del sector. Desde la aprobación general del proyecto en abril, la propuesta ha quedado en un limbo legislativo, sin avances significativos en su tramitación, lo que ha generado preocupación en la industria. La demora, según señalan algunos actores, puede tener efectos adversos tanto en el sector privado como en los consumidores, mientras el Senado continúa sin retomar la discusión.
El proyecto de ley, que busca establecer un marco normativo claro para los operadores de juegos online en Chile, ha sido visto como un paso necesario para formalizar una industria que hasta ahora ha crecido sin regulación. Sin embargo, la ausencia de avances en los últimos seis meses está alimentando el escepticismo en algunos sectores.
«Hay fallos judiciales y las autoridades han sido bastante enfáticas en decir que estas casas de apuestas están operando de forma ilegal»
Carlos Baeza, representante legal de firmas como Betsson, Betano o Latamwin, ha expresado una postura clara sobre la importancia de que el proyecto avance, aunque subrayando que lo más relevante es que la ley resultante sea clara y sin vacíos que la entorpezcan. «Si bien nos preocupa que este proyecto demore, más que por el hecho de que se haga rápido, lo que a nosotros nos interesa es que se haga bien», ha recalcado el abogado en una entrevista reciente, añadiendo que «las correcciones que el proyecto necesita hoy día son fundamentales para que se transforme en una buena ley». Para él, la calidad de la regulación es más importante que la rapidez con la que se apruebe, aunque ello implique más tiempo de espera.
No obstante, no todos los expertos de la industria comparten su modo de ver. Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación de Casinos de Juego en Chile, ha sido más crítica en su valoración. Valdés ha señalado que los operadores físicos están sujetos a un estricto marco normativo, mientras el sector online continúa operando sin reglas claras. «Hay fallos judiciales y las autoridades han sido bastante enfáticas en decir que estas casas de apuestas están operando de forma ilegal. Por lo tanto, hoy día lo único que vemos en esto es que ellos son los únicos beneficiados», ha manifestado recientemente. Esta situación, según Valdés, genera una desigualdad en las condiciones del mercado, así como que «el Estado está dejando de recaudar miles de millones de pesos porque no está esta ley».
Un sector en crecimiento, pero sin reglas claras
El juego online ha experimentado un auge considerable en Chile, especialmente desde la pandemia, cuando las restricciones impuestas a los casinos físicos provocaron un aumento en el uso de plataformas digitales. Sin embargo, la falta de una regulación clara ha dejado tanto a operadores como a usuarios en una zona de incertidumbre, con cada vez más casinos online que destacan en Chile y más población usuaria de estas plataformas. Actualmente, estas últimas operan sin las garantías que proporcionaría un marco normativo, lo que podría resultar problemático a largo plazo si no se aborda correctamente.
El proyecto ley busca establecer un sistema de licencias para los operadores de juegos online, además de imponer un marco impositivo para regular las ganancias de este sector. Asimismo, propone la creación de una entidad reguladora que supervisaría el cumplimiento de las normativas. Según actores del sector, esto no solo aportaría más seguridad a los jugadores, sino que también generaría ingresos para el Estado mediante la fiscalización de un mercado que hoy en día opera fuera de la órbita impositiva. En cuanto a esto último, la propuesta contempla que a los actores online del juego se les aplique el mismo impuesto que a los casinos físicos, el cual es del 20%. Además, como medida para fomentar el juego responsable, se ha planteado aumentar la tasa en un 1%. En este sentido, Carlos Baeza espera que entre las modificaciones futuras se trabaje en «una revisión de la carga tributaria, que hoy nos convierte en el segundo país del mundo con la más alta. Ello nos lleva a una muy baja canalización y esto significa que haya muchos menos usuarios protegidos y una baja en la recaudación fiscal».
No obstante, desde la aprobación del proyecto en general por la Comisión de Economía del Senado, la falta de avances en su tramitación ha generado frustración tanto en la industria como en algunos legisladores. Las expectativas de un avance más rápido se han visto frustradas por esta pausa prolongada, y la incertidumbre continúa.
El futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto. Aunque el Senado tiene la responsabilidad de retomar la discusión, no se han dado señales claras de cuándo podría suceder, aunque Carlos Baeza advierte que «es muy poco probable que la comisión pueda hacerse cargo de analizarlo y aprobarlo en general antes de fin de año», teniendo en cuenta que octubre y noviembre son los meses en los que el Congreso debe aprobar el Proyecto 2025. Así, con una agenda parlamentaria de lo más saturada y ocupada en otras prioridades, es de esperar que hasta abril del próximo año no se den avances en este aspecto. Mientras tanto, el mercado del juego online continúa operando sin las garantías que proporcionaría una normativa clara. Esto hace que tanto operadores como usuarios se encuentren a la espera de una resolución que ponga fin a este limbo regulatorio. El hecho de que se avecinen unas elecciones presidenciales tampoco ayuda mucho con el esperado avance de la ley. lahora
